Alimar acusa "revanchismo" en proyecto que redistribuye cuotas pesqueras: "Existe una animadversión injustificada al sector productivo en Chile"

Si ya habían criticado a la nueva Ley de Pesca, la reacción de los industriales al proyecto de fraccionamiento -que aumenta las cuotas artesanales y que el Gobierno optó por tramitar por separado para acelerar el proceso- se convirtió en un rechazo total.

“Recoge los peores elementos de la propuesta de Ley de Pesca”, afirma el gerente general de Alimentos Marinos (Alimar), Claudio Salazar.

Esta firma, ligada a la familia Izquierdo, concentra sus operaciones en la Región del Biobío, donde produce harina y aceite de pescado y congelados de jurel. Salazar señala que el proyecto los afectaría significativamente, puesto que las modificaciones de mayor magnitud se centran en los recursos pelágicos que capturan, compran y procesan: sardina común, anchoveta y jurel.

Hay un “revanchismo injustificado y desmesurado que se ha transformado en una verdadera venganza hacia la industria pesquera en su totalidad”. Claudio Salazar, Gerente general de Alimentos Marinos (Alimar).

“Cambia las actuales reglas establecidas, disminuyendo los derechos de cuotas de pesca acordados en el año 2011 entre las federaciones y confederaciones artesanales e industrial que conformaron la denominada mesa pesquera (...) adicionalmente nos somete a licitaciones durante los próximos tres años sobre los futuros incrementos de la cuota de jurel, no garantizando la adjudicación de cuotas, lo que impacta el crecimiento, la proyección económica y la estabilidad laboral de quienes se desempeñan en la empresa”, resume. “Hay que ser súper enfáticos con esto: la incertidumbre jurídica es la principal enemiga de la inversión en el largo plazo”.

Motivaciones políticas

El fraccionamiento ahora será analizado en el Senado, luego de ser aprobado con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, lo que, a juicio de Salazar, fue “un acto vergonzoso, que lamentablemente reafirma y deja en evidencia que se está legislando con la pasión por sobre la razón”.

El ejecutivo considera que los argumentos de la industria no han sido escuchados “porque existe una animadversión injustificada al sector productivo en Chile y, durante este último tiempo, se ha instaurado una práctica de desmantelar y echar abajo los acuerdos y consensos que han permitido restaurar una actividad económica´que ha generado beneficios a nivel local y nacional”.

En ese sentido, Salazar apunta a que es efectivo que en la tramitación de la norma actual hubo una empresa y dos parlamentarios que “generaron el acto de corrupción en la zona norte del país” (caso Corpesca), pero que “no entendemos por qué ahora, como respuesta, se busca castigar a la industria en general, con un revanchismo injustificado y desmesurado, que se ha transformado en una verdadera venganza hacia la industria pesquera en su totalidad”.

Con todo lo anterior, plantea que “afortunadamente se abre una esperanza porque el proyecto está siendo analizado correctamente en la Comisión de Pesca del Senado y eso implica considerar aspectos jurídicos, técnicos, económicos, sociales, ambientales y otros”.

El antecedente de la jibia

Alimar ya pasó por grandes remezones con otro cambio legislativo reciente. La empresa capturaba alrededor del 25% de la cuota industrial de la jibia, especie que ahora solo se puede pescar con potera (técnica usada por artesanales), con lo cual la firma paralizó la operación de un barco y sus plantas en Coronel y Valparaíso, donde trabajaban 500 personas.

“De persistir la actual propuesta de fraccionamiento enfrentaremos inestabilidad en nuestra actividad y será necesario realizar ajustes que posible y lamentablemente produzcan desvinculación de trabajadores”, proyecta Salazar.

Y agrega que, en cuanto a inversiones en tierra, este año ingresaron a trámite permisos ambientales para elaborar una planta de congelados de pescado en Lota, con una inversión de US$ 18 millones, la cual posiblemente tampoco se realizaría.

Asimismo, el gerente de la pesquera adelanta que “la implementación de esta ley generará juicios y acciones legales en tribunales nacionales y posiblemente internacionales, ya que en el país hay inversionistas extranjeros. Los derechos adquiridos serán afectados poniendo en riesgo el futuro de miles de trabajadores. Esta ley, lejos de equilibrar el sector, fracturará sin justificación técnica ni económica la distribución de cuotas, socavando la certeza jurídica que por años ha permitido inversiones a largo plazo y el cuidado sostenible de los recursos marinos”.